La era en la que las grandes tecnológicas se llevaban gratis la nata del contenido ajeno empieza a resquebrajarse. El Tribunal de Apelación de París desestimó los recursos de Meta (*organización declarada extremista y prohibida en Rusia) y obligó a la red social a mostrar a los editores de APIG y DVP sus cuentas internas: cuánto ingresa por los anuncios mostrados junto a los artículos y qué alcance tienen los materiales de prensa. Los antiguos acuerdos con los medios franceses expiraron entre finales de 2024 y principios de 2025, y desde entonces las redacciones llevaban sin cobrar.
El regulador vio en las acciones de la corporación un abuso de posición dominante: no solo ordenó a la plataforma publicar las fórmulas de cálculo, sino que también le prohibió reducir la visibilidad de las noticias. Según estimaciones de los reguladores de la UE, la actualidad informativa genera hasta el 18% del tiempo de pantalla en horario de máxima audiencia. Antes, el gigante tecnológico guardaba esos datos bajo llave y, en países como Canadá, optó directamente por bloquear los enlaces de prensa.
Mientras Google prefiere negociar por las buenas —la empresa ya firmó acuerdos con 400 medios para pagar por textos destinados al entrenamiento de IA—, Meta se ve forzada a enseñar las cartas. Para el mercado supone un giro tectónico: cuando queda claro cómo evaluar la contribución real del alcance, la monetización del periodismo deja de ser un juego a ciegas en una sola dirección.
